CHANTAJE A LOS MÉDICOS INSPECTORES

La ecuación es simple, la falta cada vez mayor de Médicos Inspectores en el INSS y un volumen de trabajo descomunal por una mala gestión ha llevado al sistema al colapso. Un colapso que está implicando ya no solo la vulneración de derechos para unos y otros, si no, cada día más, situaciones dramáticas para la ciudadanía sólo atribuibles a la incompetencia del INSS.

Las soluciones planteadas son diversas, el colectivo de Médicos Inspectores, en defensa de sus derechos laborales y de los de la ciudadanía, están protagonizando movilizaciones a costa de sus salarios, presionando a una Administración que se resiste a proveer los recursos necesarios y a utilizar técnicas de gestión que no conculquen el código deontológico del personal Médico.

Por otra parte, la Administración, representada en este caso por la Dirección General del INSS, incapaz de proveer los recursos humanos necesarios, pretende suplir su deficiencia con ingenios como aumentar las cargas de trabajo progresivamente y establecer condiciones que ya no solo bordean la legalidad sino que la incumplen.

Uno de esos ingenios es el de presionar a los Médicos Inspectores para que resuelvan, ya no sólo sobre los procesos de incapacidad, si no sobre las altas médicas, reclamaciones, revisiones de prestaciones, secuelas de accidentes de trabajo, etc. sin ver al paciente. Es decir, pretenden vulnerar el libre ejercicio profesional de los Médicos Inspectores, sustituir el criterio médico, del que depende el derecho a percibir una prestación económica por enfermedad, por un mero acto administrativo en el que el Médico Inspector, que es quien determina las limitaciones de cada paciente, no pueda valorarlo físicamente en consulta.

La resistencia de los Médicos Inspectores, actualmente en huelga, a acatar este desafuero viene a sumar más crispación y el INSS, en su terca pretensión de alcanzar objetivos de gestión a cualquier precio, aún por encima de los derechos de unos y otros, no se le ocurre mejor cosa que el chantaje, estableciendo condiciones ilegales de acceso al recientemente alcanzado derecho al teletrabajo.

Esta incesante búsqueda de la crispación es fácilmente interpretable como el abono del terreno a decisiones aún más graves como la cesión de la gestión a las Mutuas Patronales, o quizá y aún peor, es la incompetencia en estado puro.

Desde SIMEDISS hemos respondido y seguiremos respondiendo con todas las medidas legales a nuestro alcance para impugnar las instrucciones de la Dirección General del INSS por considerarlas ilegales, manteniéndonos en la lucha hasta alcanzar el cumplimiento de la legalidad y del Acuerdo suscrito por el Secretario de Estado de la Seguridad Social.

Por mí, por ti, por todos.

Madrid, 5 de octubre de 2026