Tras los problemas generados por el Real Decreto-Ley 2/2023 que representó la pérdida del sistema garantista del Equipo de Valoración de Incapacidades, el INSS dicta nuevas instrucciones con las que, sin incremento de efectivos ni de medios, pretende solventar el monumental atasco imponiendo ocurrentes procedimientos de gestión que intentan forzar a los Médicos Inspectores de la Seguridad Social a vulnerar los principios deontológicos que regulan su función.
EL PRINCIPIO DE EFICACIA ADMINISTRATIVA NO PUEDE OPONERSE AL DE LEGALIDAD
En estos términos se refiere la Organización Médica Colegial (OMC) cuando analiza las citadas instrucciones de la Dirección General (DG) del INSS para las Unidades Médicas. La OMC recuerda a la citada Dirección General que la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que la telemedicina está para complementar la prestación de servicios de salud, no para reemplazarla, algo que choca frontalmente con la pretensión de la DG del INSS de resolver en ausencia del paciente pretendiendo establecer progresivamente la forma presencial como algo excepcional.
Una Dirección General del INSS incapaz de mantener una homogeneidad de procedimientos que es diversa en función del lugar de residencia. La pretensión de la DG del INSS de acortar cada vez más los tiempos de consulta vulnera el artículo 18.3 del Código de Deontología Médica que determina que el tiempo necesario para cada acto médico debe ser fijado por el criterio profesional
del médico.
La Dirección General del INSS parece no comprender que la administración, sometida a la ley y al derecho, no puede vulnerarlos para alcanzar unos objetivos de gestión, sólo aparentes, poniendo en peligro los de los ciudadanos y los profesionales que los atienden.
El INSS pierde más de la mitad de los pleitos por invalidez, todo ello consecuencia de su mala gestión. Juicios que someten a los ciudadanos a un calvario innecesario e injusto, a veces imposible de resarcir porque los titulares del derecho han fallecido durante la tramitación.
SIMEDISS, coincidiendo totalmente con el servicio jurídico de la OMC mantiene sus medidas de presión, huelgas y paros de modo indefinido hasta que los responsables de la gestión vuelvan a respetar los derechos de los profesionales y administrados.
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